Cada año, sobre un centenar de comunidades de vecinos llaman a la puerta del Ayuntamiento de A Coruña para, en algunos casos, lograr liberarse de un encierro en sus propias casas. Un par arriba, un par abajo, cien son las solicitudes de ayuda para la instalación de ascensores que, de media, atienden y conceden los servicios municipales anualmente. Basta con acreditar que uno de los residentes padece problemas de movilidad, ya tenga 80 años como 22, para poder optar a las subvenciones.

El servicio municipal de Vivenda e Rehabilitación asegura que, cumpliendo los requisitos por diversidad funcional, les concederá a cada uno de los vecinos una partida para colocar el elevador que puede llegar a alcanzar los 12.000 euros de máximo, aunque el mínimo es bastante inferior, en torno a los 2.000 euros. La cuantía final depende del volumen de ingresos familiares, eso marcará que a uno le den menos o más. 

A esa financiación municipal pueden sumarse otras ayudas. Al precio final de la obra hay que restarle lo que aporta la Xunta. En el caso concreto de instalación de nuevos ascensores, las partidas de apoyo pueden llegar a los 4.500 euros para las viviendas unifamiliares y los dúplex. Son superiores, hasta los 28.000 euros, para los solicitantes que residen en edificios residenciales con más de ocho viviendas y ascienden un poco más, a 35.000 euros, en el caso de inmuebles con ocho o un número inferior de hogares o pisos.

Al margen de los ascensores, las Administraciones arbitran otra financiación para elementos de ayuda. Para la colocación de salvaescaleras y de otros dispositivos de accesibilidad, las subvenciones llegan a los 2.000 euros, hasta los 1.000 para el caso de salvaescaleras de silla, y mil más para los de plataforma. 

Cerca del 90 % de las licencias que se piden corresponden a edificios antiguos construidos a mediados de siglo pasado Cuando los que hoy son mayores compraron aquellas viviendas, los inmuebles no tenían ascensor ni se dejaba un espacio para instalarlo en el futuro.

El telefonillo era tocar el sueño tecnológico. Las piernas respondían y vivir en un quinto sin elevador le daba a uno un valor añadido, pues presumía de tener las mejores vistas y los pisos eran menos ruidosos. Era lo que había.

Con el paso de los años, aquellas piernas dejaron de bajar los escalones de tres en tres. Ahora, cada día aparece un dolor nuevo y bajar a la calle es un esfuerzo que en muchas ocasiones supone pedir ayuda a un vecino o a un familiar.

Las Administraciones entendieron que todas esas viejas construcciones no eran más que una barrera arquitectónica que había que eliminar. Y no siempre es sencillo. Los litigios entre residentes que necesitaban la instalación de ascensores o de salvaescaleras y los que no estaban dispuestos a pagar su parte de la obra motivó un cambio en la ley que favoreció a los primeros.

«María Dolores no pudo ver el ascensor por el que luchó durante doce años» en su piso de A Coruña alberto mahía

En el Servicio Municipal de Vivienda y Rehabilitación se promueven actuaciones que incentiven la regeneración urbana y del patrimonio existente en A Coruña. En su actividad de fomento, los técnicos gestionan subvenciones para llevar a cabo proyectos encaminados a la conservación y la rehabilitación de edificios de viviendas.

La tramitación de todas estas subvenciones económicas se efectúa siguiendo los criterios establecidos según la «ordenanza reguladora de la concesión de ayudas para la conservación y rehabilitación de edificios de viviendas». De forma específica, el Ayuntamiento apuesta por incentivar, concediendo respaldo económico, aquellas obras de accesibilidad en elementos comunes y en el interior de las viviendas en las que residan personas con movilidad reducida o mayores de 70 años. 

«Si hay un impedido en un edificio, el ascensor se pone aunque se opongan todos» alberto mahía

El Colegio de Administradores de Fincas es el encargado de canalizar todas las solicitudes y acuerdos entre vecinos y la secretaria de esta entidad, Teresa Suárez, asegura que «a veces los pleitos son más costosos que la obra».

A pesar de que la legislación es clara en su fomento de la instalación de elevadores en edificios con personas con problemas de movilidad, hay ocasiones en las que las diferencias y los problemas que surgen durante el proceso solo se pueden resolver en los juzgados.

Los Administradores de Fincas también señalan que la derrama no debe superar por cada vecino el coste anual de la comunidad y apuntan a un problema habitual, que es tener que indemnizar a los dueños de los bajos en caso de que cedan espacio.

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