Por Monserrat Cordero Parra | [email protected]

El Ministerio de Educación Pública (MEP) paga más de ₡122 millones mensuales por el alquiler de los edificios Raventós y BCT, los cuales albergan oficinas centrales, e incumplen con la Ley 7.600.

De acuerdo con información suministrada por el MEP, solo por el edificio Raventós, propiedad de la Compañía Galletano S.A, la institución paga ₡91.129.708 mensuales. Este contrato rige desde enero de este año y vence en el mes de diciembre.

Este inmueble alberga, según el sitio web del MEP, las oficinas de Auditoría Interna, Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, Contraloría de Servicios, Tribunal de Carrera Docente, Dirección de Desarrollo Curricular, Dirección de Vida Estudiantil, Departamento de Gestión Administrativa Regional, Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, y la Dirección de Servicios Generales

En el caso del edificio BCT, propiedad de BCT Arrendadora Sociedad Anónima, mensualmente el MEP paga ₡31.390.691. Este rige desde enero del 2020 y vence en noviembre del 2024.

En este lugar se encuentran ubicadas algunas oficinas relacionadas con el departamento de Recursos Humanos. 

Estos dos edificios, forman parte de un grupo de edificios propios y alquilados analizados por la Auditoría Interna del MEP el año anterior, y los cuales tienen debilidades en cuanto al cumplimiento de la Ley 7.600.

De acuerdo con el informe, dado a conocer el 20 de julio, del 2021, el Edificio Raventós incumple con las siguientes disposiciones:

-No se cumple con el acabado antiderrapante de la acera en el acceso al edificio

-No se cumple con las dimensiones mínimas de los estacionamientos destinados para discapacidad. Además existe un área de uno de los estacionamientos que no cuenta con la superficie antiderrapante.

-No existe rotulación vertical en los parqueos destinados para discapacidad. 

-Hay obstáculos a nivel de piso, tales como plantas, escritorios y extintores. 

-La abertura horizontal en los ascensores es de 3 cm y no de 2 cm como lo indica la norma.

-Las gradas de las escaleras no cumplen con las dimensiones establecidas en la norma 

-Los servicios sanitarios no cuentan con barandas de seguridad horizontales, como establece la norma. Solo existen barras verticales.

-En los servicios sanitarios no existe botón de emergencias

-Las puertas para espacios confinados no cumplen con la norma, ya que estas no son abatibles hacia afuera o corredizas.  

Por su parte, el Edificio del BCT, presenta los siguientes incumplimientos a la ley 7.600:

-No se cumple con el acabado antiderrapante de la acera en el acceso al edificio. Además, se encuentra en mal estado.

– No se cumple con los estacionamientos mínimos según la normativa de 2 espacios. Solamente tienen un espacio de estacionamiento demarcado.

-El parqueo destinado para discapacidad se ubica frente al edificio y por lo tanto se debe cruzar la carretera para poder accesarlo. 

-Las dimensiones del parqueo para personas con discapacidad son menores a las estipuladas.  

-La rampa de ingreso al edificio tiene una pendiente del 20,62%, siendo lo correcto 12% máximo.

– No se cumple con la medida por norma de 2cm de la abertura horizontal en el ascensor. -No existe prolongación de 45cm de los pasamanos al inicio y al final de las gradas. Las dos primeras gradas no tienen pasamanos.

-No se cumple con la iluminación en las escaleras.

-La puerta del servicio sanitario abre hacia adentro, siendo lo correcto hacia afuera.

-El servicio sanitario no posee botón de emergencias.

-La salida de emergencia del tercer piso, no evidencia que sea hacia un lugar seguro, la cual debe ser revisado por especialistas. 

De acuerdo con el informe, el cual también analiza y encuentra debilidades en otros inmuebles propios del MEP como el CENADI, la Antigua Porfirio Brenes, la Antigua Junta de Educación, y la Antigua Embajada, el incumplimiento de la Ley 7.600 se da en buena parte porque varios de estos edificios fueron construidos antes de que se creara, inclusive algunos tienen más de 40 años de construcción, lo que evidentemente hace que su estructura no tomara en cuenta aspectos técnicos que la norma solicita actualmente. 

La segunda causa corresponde a gestiones realizadas en otras administraciones, pues  aunque ya se había oficializado la Ley 7.600, no se tomaron aspectos en cuenta para el alquiler de inmuebles o remodelación de edificios propios, como rampas, escaleras, ancho de puertas, entre otros. 

Además, en cuanto a nuevos contratos de alquiler o remodelaciones de edificios propios, tampoco se fue riguroso con el cumplimiento de las Ley en mención, al momento de  solicitar en las condiciones cartelarias el cumplimiento de la misma.

“Tal y como sucedió el alquiler del Edificio BCT, en donde no se verificó adecuadamente las características de ascensor, espacios del parqueo, rampas de acceso y salidas de emergencia; aspectos que representan problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad y consecuentemente a los servicios que brinda el Ministerio en cada uno de los edificios”, indica el informe de Auditoría.

UNIVERSIDAD intentó contactar vía correo electrónico este jueves a Corporación Raventós, y al Grupo Financiero BCT; sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

Precisamente, hace unas semanas el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que se separó del cargo de Oficial Mayor del MEP a Wilber Ching Sojo, por presuntamente liberar de responsabilidad al fideicomiso del BCT, que alquilaba a la institución un edificio en condiciones inaceptables. 

De acuerdo con Chaves, esta decisión se toma luego de realizar un análisis de alquileres sobre 34 instituciones públicas, las cuales gastan al año 420 mil millones de colones por este concepto.

Sobre este alquiler relacionado con el BCT, el presidente de la República, indicó que hace unas semanas se tuvo que evacuar a 250 empleados por una orden del Cuerpo de Bomberos, que indicó que “era urgente sacarlos porque el MEP no podía garantizar la seguridad física de estas personas en un edificio del fideicomiso”.

“Viene la ministra, acata la orden, y resulta que el oficial mayor firma que entrega el edificio en perfecta condición. ¿A quién le creo? ¿Al benemérito Cuerpo de Bomberos de la patria o al Oficial Mayor? Que por cierto ordenamos la separación del cargo de manera inmediata al enterarse la ministra que ese señor firmó a nombre del MEP posiblemente liberando de responsabilidad al fideicomiso del BCT por haber tenido a esa gente en condiciones inaceptables”, mencionó.

“Se le separó a todas luces ante lo que es una aberración con respecto a los intereses del pueblo de Costa Rica”, añadió.

En ese momento, el presidente de la República indicó también que instruyó a todos los presidentes y ministros parar compras y construcciones. Asimismo ordenó la creación de una comisión que va a analizar todos los arrendamientos y propiedades del Estado.

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