La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela encontró motivos razonables para creer que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgcim) “perpetraron actos de violencia sexual o de género contra los detenidos.
Aunque los expertos de la ONU ya habían documentado los tipos de tortura que se cometen en el país, en este tercer informe ponen la lupa sobre los daños sexuales a partir de la evidencia que recopilaron en al menos siete casos relacionados con el del capitán Rafael Acosta Arévalo quien murió bajo custodia del Estado en 2019.
Alertan que este tipo de prácticas se cometieron “en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros o para degradarlos, humillarlos o castigarlos”.
Los expertos concluyen que hay un patrón sistemático relacionado con este tipo de castigo a partir de 471 entrevistas a víctimas, familiares, representantes legales, exfuncionarios del Sebin y la Dgcim u otras entidades del gobierno, intermediarios, periodistas, representantes de ONG y otros que realizaron entre 2020 y abril de 2022.
Los actos de violencia sexual también incluían amenazas de mutilación de genitales o de violación a los familiares de los detenidos.
La misión investigó 51 casos en los que agentes del Sebin torturaron o sometieron a los detenidos a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Los casos ocurrieron principalmente entre 2014 y 2018 y la mayoría de las violaciones documentadas se produjeron durante 2017 y 2018. “Algunas sesiones de tortura duraban días o semanas”, según la misión.
En sus informes de 2020 y 2021, la Misión documentó la detención, la desaparición forzada de corto plazo, la tortura y la violencia sexual perpetradas contra el capitán Rafael Acosta Arévalo y otros siete hombres, y la consiguiente muerte de Acosta Arévalo.
No obstante, la misión recibió información adicional que aporta en su más reciente investigación. Estos nuevos datos apuntan a que estos siete detenidos fueron torturados y sometidos a violencia sexual: los desnudaron y los mantuvieron sin ropa durante días, los ataron a postes y los golpearon, los arrojaron a zanjas y los enterraron hasta el cuello, los colgaron de cuerdas, los golpearon en las plantas de los pies, los rociaron con líquidos irritantes y los amenazaron con violarlos con un palo de un metro de largo.
Los funcionarios de la DGCIM también amenazaron con violar y matar a sus familiares si no se autoincriminaban o incriminaban a otras personas en los delitos denunciados por la Dgcim. Un funcionario le dijo específicamente a un detenido que habían estudiado a sus hijas y que las habían encontrado buenas candidatas para ser violadas. A otro detenido le mostraron videos de funcionarios de la Dgcim en las inmediaciones de su domicilio y le dijeron que matarían a miembros de su familia.
Un testigo le dijo a la Misión que escuchó a Acosta Arévalo gritar de dolor durante las sesiones de tortura e interrogatorio en los días previos a su comparecencia ante el tribunal militar. Oyó sonidos de asfixia mecánica y las voces de Granko Arteaga y de otros funcionarios (cuyas identidades son protegidas en este informe por riesgo de represalias) mientras interrogaban a la víctima y le exigían que proporcionara los nombres de militares de alto rango que supuestamente estaban implicados en un complot golpista.
Aunque fueron detenidos e implicados en una misma causa, la misión señala que los siete «no se conocían entre sí».
En el informe se señala que una detenida sufrió un aborto tras ser sometida a actos de tortura por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En otro caso, uno de los funcionarios masculinos agredió sexualmente a una de las víctimas femeninas, “manoseándole el cuerpo y los pechos a punta de navaja mientras la mantenía inmóvil y con los ojos vendados en un baño oscuro”.
“Una mujer que fue detenida por la Dgcim le refirió a la misión que, cuando fue trasladada a Boleíta, un agente la interrogó en ¨la Pecera¨ y la golpeó repetidamente en la cara. La víctima añadió que la acostaron en un catre, semidesnuda, y con los brazos y las piernas atadas. La víctima dijo que dos funcionarios de la Dgcim la golpearon y la amenazaron con violarla y matar a su familia si no proporcionaba cierta información”, registra el informe.
Los detenidos militares de sexo masculino fueron sometidos a violencia sexual y de género. “Los hombres detenidos fueron violados o amenazados con ser violados, incluso con palos y bates”.
La misión también encontró evidencia de que la Dgcim administró descargas eléctricas y golpes en los genitales y los testículos. Esto se hacía bajando los pantalones de las víctimas hasta las rodillas, bajando su ropa interior, arrojando agua sobre sus genitales y luego aplicando descargas eléctricas cerca de la zona de la vejiga”.
Otros ejemplos concretos de violencia sexual y de género que describen los investigadores independientes de la ONU son:
El informe precisa que los testigos localizados en algunas celdas de El Helicoide, en particular la celda de mujeres de 2014 a 2018 y la celda vecina Preventiva II, describieron sistemáticamente haber escuchado frecuentes actos de tortura, incluida la violencia sexual, tanto de hombres como de mujeres, durante los interrogatorios. Debido a un falso techo en la celda de mujeres, las detenidas podían escuchar gritos, golpes y descargas eléctricas.
La zona situada encima de las celdas de detención albergaba las oficinas de la Dirección de Investigaciones Estratégicas, incluidas las de las Brigadas de Investigación. Una de estas oficinas se llamaba «Samán seis«. Un exdetenido le refirió a la Misión que las cinco brigadas ubicadas en el segundo piso de El Helicoide eran las encargadas de torturar dentro del recinto, bajo el mando de sus respectivos comisarios.
La Misión recibió información sobre otras celdas de tortura situadas en el Sótano 1 de la sede de la DGCIM, ubicada en una zona industrial del noreste de Caracas, conocida como Boleíta Norte. Estas celdas son llamadas el “Ascensor” y la “Piscina”. La “Piscina” ha sido descrita como un tanque de petróleo, lleno de agua, con un dispositivo de tortura llamado “señorita” por encima, donde los prisioneros eran atados y luego sumergidos bajo el agua para ser torturados.
El “Ascensor” es un viejo ascensor que no funciona, en el cual las personas detenidas dormían, tanto dentro como en el pasillo exterior. También se utilizaba como celda de castigo, y las personas detenidas permanecían en completa oscuridad cuando se cerraba la puerta.
Lea el informe completo de la misión aquí.
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Aunque los expertos de la ONU ya habían documentado los tipos de tortura que se cometen en el país, en este tercer informe ponen la lupa sobre los daños sexuales a partir de la evidencia que recopilaron en al menos siete casos relacionados con el del capitán Rafael Acosta Arévalo quien murió bajo custodia del Estado en 2019.
Alertan que este tipo de prácticas se cometieron “en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros o para degradarlos, humillarlos o castigarlos”.
Los expertos concluyen que hay un patrón sistemático relacionado con este tipo de castigo a partir de 471 entrevistas a víctimas, familiares, representantes legales, exfuncionarios del Sebin y la Dgcim u otras entidades del gobierno, intermediarios, periodistas, representantes de ONG y otros que realizaron entre 2020 y abril de 2022.
Los actos de violencia sexual también incluían amenazas de mutilación de genitales o de violación a los familiares de los detenidos.
La misión investigó 51 casos en los que agentes del Sebin torturaron o sometieron a los detenidos a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Los casos ocurrieron principalmente entre 2014 y 2018 y la mayoría de las violaciones documentadas se produjeron durante 2017 y 2018. “Algunas sesiones de tortura duraban días o semanas”, según la misión.
En sus informes de 2020 y 2021, la Misión documentó la detención, la desaparición forzada de corto plazo, la tortura y la violencia sexual perpetradas contra el capitán Rafael Acosta Arévalo y otros siete hombres, y la consiguiente muerte de Acosta Arévalo.
No obstante, la misión recibió información adicional que aporta en su más reciente investigación. Estos nuevos datos apuntan a que estos siete detenidos fueron torturados y sometidos a violencia sexual: los desnudaron y los mantuvieron sin ropa durante días, los ataron a postes y los golpearon, los arrojaron a zanjas y los enterraron hasta el cuello, los colgaron de cuerdas, los golpearon en las plantas de los pies, los rociaron con líquidos irritantes y los amenazaron con violarlos con un palo de un metro de largo.
Los funcionarios de la DGCIM también amenazaron con violar y matar a sus familiares si no se autoincriminaban o incriminaban a otras personas en los delitos denunciados por la Dgcim. Un funcionario le dijo específicamente a un detenido que habían estudiado a sus hijas y que las habían encontrado buenas candidatas para ser violadas. A otro detenido le mostraron videos de funcionarios de la Dgcim en las inmediaciones de su domicilio y le dijeron que matarían a miembros de su familia.
Un testigo le dijo a la Misión que escuchó a Acosta Arévalo gritar de dolor durante las sesiones de tortura e interrogatorio en los días previos a su comparecencia ante el tribunal militar. Oyó sonidos de asfixia mecánica y las voces de Granko Arteaga y de otros funcionarios (cuyas identidades son protegidas en este informe por riesgo de represalias) mientras interrogaban a la víctima y le exigían que proporcionara los nombres de militares de alto rango que supuestamente estaban implicados en un complot golpista.
Aunque fueron detenidos e implicados en una misma causa, la misión señala que los siete «no se conocían entre sí».
En el informe se señala que una detenida sufrió un aborto tras ser sometida a actos de tortura por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En otro caso, uno de los funcionarios masculinos agredió sexualmente a una de las víctimas femeninas, “manoseándole el cuerpo y los pechos a punta de navaja mientras la mantenía inmóvil y con los ojos vendados en un baño oscuro”.
“Una mujer que fue detenida por la Dgcim le refirió a la misión que, cuando fue trasladada a Boleíta, un agente la interrogó en ¨la Pecera¨ y la golpeó repetidamente en la cara. La víctima añadió que la acostaron en un catre, semidesnuda, y con los brazos y las piernas atadas. La víctima dijo que dos funcionarios de la Dgcim la golpearon y la amenazaron con violarla y matar a su familia si no proporcionaba cierta información”, registra el informe.
Los detenidos militares de sexo masculino fueron sometidos a violencia sexual y de género. “Los hombres detenidos fueron violados o amenazados con ser violados, incluso con palos y bates”.
La misión también encontró evidencia de que la Dgcim administró descargas eléctricas y golpes en los genitales y los testículos. Esto se hacía bajando los pantalones de las víctimas hasta las rodillas, bajando su ropa interior, arrojando agua sobre sus genitales y luego aplicando descargas eléctricas cerca de la zona de la vejiga”.
Otros ejemplos concretos de violencia sexual y de género que describen los investigadores independientes de la ONU son:
El informe precisa que los testigos localizados en algunas celdas de El Helicoide, en particular la celda de mujeres de 2014 a 2018 y la celda vecina Preventiva II, describieron sistemáticamente haber escuchado frecuentes actos de tortura, incluida la violencia sexual, tanto de hombres como de mujeres, durante los interrogatorios. Debido a un falso techo en la celda de mujeres, las detenidas podían escuchar gritos, golpes y descargas eléctricas.
La zona situada encima de las celdas de detención albergaba las oficinas de la Dirección de Investigaciones Estratégicas, incluidas las de las Brigadas de Investigación. Una de estas oficinas se llamaba «Samán seis«. Un exdetenido le refirió a la Misión que las cinco brigadas ubicadas en el segundo piso de El Helicoide eran las encargadas de torturar dentro del recinto, bajo el mando de sus respectivos comisarios.
La Misión recibió información sobre otras celdas de tortura situadas en el Sótano 1 de la sede de la DGCIM, ubicada en una zona industrial del noreste de Caracas, conocida como Boleíta Norte. Estas celdas son llamadas el “Ascensor” y la “Piscina”. La “Piscina” ha sido descrita como un tanque de petróleo, lleno de agua, con un dispositivo de tortura llamado “señorita” por encima, donde los prisioneros eran atados y luego sumergidos bajo el agua para ser torturados.
El “Ascensor” es un viejo ascensor que no funciona, en el cual las personas detenidas dormían, tanto dentro como en el pasillo exterior. También se utilizaba como celda de castigo, y las personas detenidas permanecían en completa oscuridad cuando se cerraba la puerta.
Lea el informe completo de la misión aquí.
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